La calidad de la gobernabilidad de un país se fundamenta en un diseño constitucional de las instituciones democráticas, que asegure el pleno respeto al Estado de Derecho y que establezca limitaciones en el ejercicio del poder. Es esencial garantizar normas claras que protejan los derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, la evolución social nos obliga a repensar nuestras instituciones representativas, ya que estamos atravesando cambios significativos en términos democráticos. Actualmente, la integración de nuevas formas de participación ciudadana en la democracia plantea desafíos adicionales al sistema representativo; la gestión política requiere mayor transparencia, un enfoque renovado y una mayor integridad en la esfera pública.

Muchos de los modelos de democracia representativa en nuestra nación han perdido la confianza de la sociedad, con la impunidad y la corrupción permeando distintos aspectos de la administración pública. Es necesario reformar las bases del sistema político nacional para abrir oportunidades que permitan la inclusión de sectores y clases sociales marginados. El propósito de este trabajo es implementar cambios significativos mediante la adopción y práctica de mecanismos de participación directa del pueblo.

Si buscamos legitimar la autoridad de la administración, la consulta libre a los gobernados es la mejor herramienta para explicar y capturar el sentimiento colectivo de involucramiento en las decisiones de los líderes. El referéndum, plebiscito y la revocación de mandato son medios tangibles de participación directa que deben situarse dentro del marco de la democracia y el ámbito subjetivo.