La violencia en Ayotzinapa causada por el asesinato de jóvenes es una de las tragedias más atroces que hemos vivido, producto de una década de violencia del narcotráfico que ha dejado a miles de personas como víctimas. Este no es un crimen político, sino el resultado de la corrupción, la violencia y la impunidad en la que operan los grupos criminales, en complicidad con las autoridades locales y estatales. Culpar al «Estado» por estos actos injustos es hacerse cómplice de los delincuentes, dándoles una coartada para evadir el castigo y alejando la posibilidad de conseguir justicia. Estos jóvenes merecen justicia y no se les puede negar.